Señora Directora:
Avanzar hacia un país sustentable implica que existan más proyectos de energías renovables. El plan de carbono neutralidad refleja que la implementación de esta agenda y el logro de los objetivos para 2050, son una muy buena decisión en términos ambientales y económicos, con beneficios netos estimados superiores a los US$ 30 mil millones.
Prueba del interés en avanzar en este tipo de iniciativas es el reciente anuncio de empresas del sector de energía para el desarrollo de proyectos para los próximos años, por más de US$ 23 mil millones.
Sin embargo, una de las principales complejidades que hoy existe para cumplir esta agenda es el fluctuante marco normativo, afectado por la discusión constitucional y también por el cambio en los criterios de evaluación y los extensos plazos que éstos conllevan. Es importante que las normas sean estables y permitan también a las empresas ser sostenibles en el tiempo. El Estado debe cumplir el rol que le compete, tanto en otorgar certeza jurídica como en generar las condiciones que permitan una adecuada evaluación y el avance de las inversiones.
La señal que transmite la negativa a proyectos que han cumplido prácticamente con todas las etapas de evaluación y son desechados por las autoridades en las fases finales, va en la línea contraria a lo que se requiere. Además, esto crea dudas en torno a la existencia de una regulación que sea predecible, lo que a la larga podría hacer que se busquen otros destinos de inversión. Esto sería el peor escenario tanto para nuestra economía y como para nuestro medio ambiente.
