aunque lleva dos meses cediendo, el control de la inflación sigue siendo un tema prioritario para la economía chilena, afirma el socio de la consultora Fontaine, Uriarte y López y ex ministro de Economía y de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
Afirma que si bien el Banco Central está haciendo bien su tarea y las tasas de interés comerciales han subido, al igual que en el mundo ve riesgos de que las alzas de los costos laborales mantengan las presiones sobre los precios.
‘Las presiones inflacionarias en la economía global están sujeta a aumentos de costos, en particular los laborales. Y en Chile, también están influyendo cambios legislativos. Los costos laborales están influidos tanto por las expectativas de inflación, por la inflación pasada, pero también por estos cambios que vienen’, afirma.
—¿Las reformas van a hacer más difícil el control de la inflación?
‘Lo que digo es que los costos laborales están aumentando 11% en los últimos 12 meses. Eso es menor que la inflación, pero si se prolonga hacia adelante comienza a ser un obstáculo importante para bajar la inflación. En ese contexto se agregan alzas adicionales de salario mínimo, como la que viene en enero, más la rebaja de la jornada de 45 a 40 horas, que aunque hace sentido, en un período de solo cinco años implicaría un aumento de 12% del costo por hora. A eso se suma el alza de las cotizaciones previsionales asociada a la reforma previsional anunciada, si es que se aprueba, que aunque también es gradual en 6 años, es un elemento más en la dirección de costos laborales al alza’.
—¿Pero espera que la inflación siga bajando?
‘Las proyecciones apuntan a que terminaría el próximo año en torno a 5%, lo que creo razonable, pero eso en gran medida va a depender de que la presión del tipo de cambio vaya aflojando. Y, hacia adelante, lo que más me preocupa es la presión salarial, porque creo que políticamente es difícil no ceder’.
—El consenso de los analistas espera una recesión en 2023, lo que también ayuda a contener la inflación…
‘La economía chilena tiene que necesariamente contraerse, particularmente la demanda, que fue lo que más se disparó durante el año 2021, y eso está empezando a ocurrir. Todo indica que la economía chilena ya está empezando una recesión, y que en el año 2022 va a cerrar con una cifra de buen crecimiento respecto de lo que se esperaba, con algo sobre el 2%, pero todo ese crecimiento se va a perder el próximo año, con una caída también más o menos en ese mismo orden. Lo que pasa es que esta tendencia recesiva es un efecto bastante inevitable del tratamiento antiinflacionario.
La experiencia muestra que estos procesos requieren un enfriamiento rápido de la economía y eso es doloroso. Y obviamente el principal dolor se va a sentir en el mercado laboral y hay que estar preparados. Una preocupación central del Gobierno el próximo año debe ser disponer medidas para atender el impacto del freno de la economía en el mercado laboral, ya sea estimulando la creación de empleo o ayudando a los afectados por el desempleo, que sin duda va a subir’.
—Algunos economistas proyectan que el desempleo podría llegar a dos dígitos el próximo año…
‘Eso es perfectamente posible. Si uno mira el tipo de reacción que tienen las contrataciones y los cambios que ha habido en participación laboral durante otras recesiones como la que probablemente viene para Chile, es perfectamente posible una cosa de esa naturaleza.
El problema es que esto se conjuga con una estrategia de reformas que en lugar de poner el acento en cómo crear más empleo, hacen todo lo contrario. La reforma tributaria lo que hace es ahuyentar la inversión y la reforma previsional aumenta el costo laboral. Es decir, las reformas van en la dirección contraria de atender a lo que será el principal problema político y social del próximo año que será el alza de desempleo.
Y eso es adicional a las medidas de aumento de salario mínimo y de reducción de jornada laboral, aunque pueda ser razonable aproximarse a ellas en tiempos normales y de manera gradual’.
—Pero el Gobierno acusa que quienes plantean eso tampoco quieren hacer reformas cuando la economía va bien…
‘Bueno, habrá quienes dicen eso, pero no hay porqué hacerles caso. Yo creo que las reformas hay que hacerlas en el momento oportuno y al ritmo adecuado, y estas se plantean en un momento inoportuno y a un ritmo inadecuado’.
—¿Qué mirada tiene en particular respecto de la reforma tributaria?
‘Esa reforma nace de una percepción que parece correcta, respecto de que las crecientes demandas sociales exigen aumentos permanentes del gasto, pero no veo una estrategia fiscal a la altura del desafío. Se plantea una reforma tributaria para financiar un incremento de gasto de 4,3% del PIB en programas cuyos detalles todavía no conocemos. Por ejemplo, cuando el presidente Lagos subió impuestos los hizo para financiar el Plan Auge, el cual se pudo discutir y se entendió para qué era. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno también presentó una reforma tributaria muy ambiciosa que yo creo que tenía muchos defectos, pero al menos todos teníamos claro que era para financiar la gratuidad educacional y otras cosas bastante bien definidas’.
—El Gobierno ha entregado algunos detalles, por ejemplo, que una parte importante iría a financiar el alza de la PGU.
‘Pero eso es solo 0,7% del PIB, de 4,3% del PIB. Hay mucho más que explicar. Se habla de un sistema de cuidados nuevo, de gastos adicionales en educación y salud, y se habla de más inversión fiscal en investigación y desarrollo. Pero son solo titulares. Yo no veo porqué la oposición podría darle su voto en el Parlamento a un cheque en blanco. Comparto la idea de que hay demandas sociales que requieren financiamiento, pero definamos primero cómo las vamos a satisfacer y luego armemos un mecanismo de financiamiento’.
—¿Por dónde debiera ir ese mecanismo?
‘Ese mecanismo creo que todos sabemos cuál es. Todos los economistas que hemos trabajado en estos temas venimos hace tiempo planteando que el gran desequilibrio en la estructura tributaria chilena está en que la tributación de la renta de las personas es baja en los sectores medios y altos. Ahí hay mucho espacio para subir su carga tributaria, lo que en todo caso tiene que hacerse en forma muy paulatina. Como se hizo en Europa, donde se financió el estado de bienestar social que, a cambio del pago de impuestos, le promete a la gente buenos servicios sociales’.
—¿Usted propone aumentar las tasas y también la base del impuesto a las personas?
‘Hay distintas maneras de hacerlo. Yo creo que no vale la pena entrar en los detalles, pero técnicamente es perfectamente posible hacerlo. Además, está el IVA como una forma alternativa de acercarse a lo mismo’.
—Políticamente tiene costos altos aumentar el impuesto a las personas sobre todo a los segmentos medios, o el IVA.
‘Todo aumento de impuestos tiene costos y por eso digo que debe ser paulatino. Y no paulatino en 4 años para que calce arbitrariamente con un período de gobierno. Esto probablemente es para 3 o 4 períodos presidenciales. Son períodos de largo plazo’.
—Pero el Gobierno dice que necesita los recursos ahora para financiar su programa…
‘Yo insisto en que el programa de gobierno no lo conocemos, solo conocemos los titulares. Ahora, como el aumento del impuesto a las personas debería ser muy gradual, si se requiere algo más rápido, por ejemplo para la PGU, está el IVA. Creo que el aumento de la PGU puede perfectamente encararse con un punto más de IVA. Eso me parece mucho más eficiente que todo lo que está en discusión, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también porque las personas concurrirían con parte de sus impuestos a financiar este beneficio para los adultos mayores. Eso sería una manera clara de establecer solidaridad y, además, una suerte de freno a aumentos futuros. Los $193 mil de la PGU actual ya fue un aumento fuerte en su momento, con el cual se alcanzan tasas de reemplazo relevantes para quienes cotizan. Ahora se habla de subirla a $250 mil, pero el día de mañana se podría considerar que eso también es insuficiente. Por eso creo que no es mala idea asociar eso a un punto de impuesto’.
—Pero aumentar el IVA es regresivo y contrario a lo que busca la reforma del Gobierno, que apunta a que paguen más lo que tienen más…
‘Pero la progresividad no hay que evaluarla solamente de donde se recauda, sino que también de qué se hace con los recursos. Por eso es tan importante también esa discusión. Si uno va a recaudar a través del IVA, que efectivamente tiene una cierta regresividad a través del ingreso, no así del gasto, y ese monto se destina prioritariamente a los sectores de bajos ingresos, la combinación es muy progresiva’.
—Y, en su opinión, ¿qué debiera pasar con el proyecto que está en el Congreso?
‘Yo creo que el Congreso debiera rechazar el proyecto tributario, por lo menos los impuestos que van en contra del ahorro y la inversión. Hay ajustes como en el control de la evasión que se pueden hacer y parece razonable discutirlos con cambios, también en el tema del royalty minero, que creo que hay espacio de acuerdo para subirlo, asociado a alzas muy fuertes del cobre sin desmejorar nuestra competitividad, y lo que está propuesto ha ido mejorando, pero aún le falta. Pero los dos principales impuestos que van contra del ahorro y la inversión debieran ser rechazados.
Luego, creo que convendría que el Gobierno convocara a un debate a fondo para hacer una reconfiguración del sistema tributario a través de más impuestos sobre los ingresos personales, que muy gradualmente vayan enfrentando estas necesidades de mayor gasto social’.
—¿Cuáles son esos dos impuestos que más le preocupan?
‘Los impuestos a las rentas del capital, donde está el impuesto al patrimonio y este extraño impuesto que se aplica a las utilidades retenidas de las sociedades de inversión. Ambos son impuestos claramente nocivos para crear el clima de inversión que se requiere para hacer crecer a la economía. El déficit de cuenta corriente de casi 10% del PIB que acabamos de conocer, lo que muestra es precisamente que no podemos crecer si no aumentamos el ahorro. Por lo que atacar el ahorro con esta reforma tributaria me parece absolutamente suicida desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento de largo plazo. El propio gobierno en sus presentaciones para defender la reforma está planteando que se reduce en 2,7% el producto per cápita chileno en toda la trayectoria, son US$ 8.000 millones, que van creciendo todos los años a medida que aumenta el producto, de manera que la destrucción de riqueza que se está planteando se puede evaluar en unos US$100 mil millones actuales, o sea, es equivalente a un gran terremoto’.
«El Congreso debiera rechazar el proyecto tributario, por lo menos los impuestos que van en contra del ahorro y la inversión’.
‘A la larga, este sistema que se propone va a derivar en un fondo de reparto permanente’
—¿Qué le parece la reforma previsional que se está planteando?
‘Primero destaco que esta propuesta es un esfuerzo por encontrar un terreno común para discutir un tema que es fundamental, que lleva ya demasiado tiempo en intentos. Es positivo que preserva la capitalización individual actual del 10% en cuentas similares a lo que hoy día hacen las AFP, aunque con cambios cuestionables en el modelo de la industria. Pienso eso sí que no se hace cargo de la verdadera causa de la insuficiencia de las pensiones, la que está en la insuficiencia de las cotizaciones, ya sea por lagunas, por salarios subdeclarados, o porque la jubilación es demasiado temprana, a los 60 y 65 años. La reforma elude esa discusión’.
—¿Y qué le parece el destino del 6% a un fondo común?
‘Es interesante lo que se plantea en cuanto a que se intenta construir un nuevo fondo de capitalización, una especie de nueva AFP estatal monopólica. Ese fondo nace como un fondo de reparto y va mutando hacia un fondo de capitalización, en la medida que se van reduciendo las necesidades para complementar ahora las pensiones más bajas.
Pienso que primero ese 6% es visto como un impuesto a la contratación de mano de obra y, en consecuencia, cae en todos los aumentos de costos laborales. Y lo segundo es que la metamorfosis de un sistema de reparto a uno de capitalización me parece que es ingenua’.
—¿A qué se refiere?
‘Todos sabemos que el gran problema que tienen todos los sistemas de reparto es que dejan en manos del Estado un pozo de recursos que tiene mil usos posibles urgentes que pueden parecer muy atractivos para los políticos y para la ciudadanía. En consecuencia, hacen muy tentador utilizar esos recursos para satisfacer esas necesidades y postergar la capitalización que podría sustentar pensiones futuras, y se puede terminar teniendo que financiar también las pensiones futuras con esas cotizaciones. En eso consiste el sistema de reparto.
No veo qué incentivo vaya a haber para invertir esos recursos bien. Y si se hiciera, está el riesgo de que termine financiando proyectos del Estado o se invierta en activos muy seguros de muy baja rentabilidad, y que a la larga no alcance. Por eso, pienso que a la larga este sistema que se propone va a derivar en un fondo de reparto permanente, que no es lo que diseñaron en el Gobierno’.
—¿Por qué dice que los cambios en la industria son cuestionables?
‘En relación con los muchísimos cambios propuestos a la organización industrial de las AFP, entiendo y valoro su propósito: crear más competencia, reducir costos y mejorar pensiones. Pero es muy dudoso que algunas de las soluciones propuestas sean realmente efectivas y otras, como la prohibición a las comisiones indirectas, parecen francamente descaminadas. El cambio más importante, que es la separación de las funciones de soporte y su traspaso en un monopolio estatal, me parece muy discutible que rinda los beneficios que se esperan y su ejecución parece de altísimo riesgo. El fantasma del Transantiago es imposible de pasar por alto’.
—¿Qué opción ve para que efectivamente esta vez sí haya reforma?
‘Uno podría haber pensado simplemente en haber creado un fondo, por ejemplo, con 4% de cotización que vaya a un fondo de capitalización directamente, que no tenga estos elementos de distribución. Y si se estima que el Estado puede administrar mejor que las AFP en el largo plazo, podría crearse algo de ese tipo. La propuesta de cuando Rodrigo Valdés era ministro de Hacienda iba en esa dirección’.