En Chile existe consenso respecto de la importancia de avanzar hacia un desarrollo sostenible a través del rol fundamental que juegan las energías renovables, la ambición climática y la participación coordinada del sector público y privado. Avanzar en esta agenda es una oportunidad de unión como país que nos permite fijar la mirada en el largo plazo.
Para poder cumplir nuestras metas, debemos alinear las políticas públicas a ese objetivo y lograr así que Chile sea verdaderamente competitivo, cuidando y respetando las reglas ambientales. En este ámbito, la institucionalidad cumple un rol fundamental en dar certezas y que todos aquellos que busquen desarrollar un proyecto o realizar una inversión se sometan a las reglas y exigencias, pero que sepan con claridad cuál será la forma en que se les evaluará con los mejores estándares, pero con normas y criterios conocidos con antelación.
Si el Estado falla en dar ese lineamiento, el desarrollo sostenible de Chile no será posible y las inversiones, como ya hemos empezado a verlo, no se materializarán, lo que es grave no solo por las implicancias económicas y las pérdidas de empleos, sino que también porque se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales que hemos definido, entre ellos, la descarbonización y la carbono neutralidad y resiliencia climática a más tardar el 2050.
Lo sucedido hace pocos días en Magallanes en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto de hidrógeno verde debe llamar nuestra atención. Hacer necesaria la acción inmediata de la institucionalidad ambiental en el sentido de fortalecerse, dotarse de las mejores capacidades técnicas, trabajar en conjunto con los desarrolladores, buscando y promoviendo que estos cumplan la normativa y puedan desarrollarse, y velar porque el actuar se ajuste a derecho.
Lamentablemente, lo que se vio en Punta Arenas pareciera no ser un hecho aislado, ya que en el último tiempo el número de proyectos rechazados creció y los criterios utilizados, bajo el mismo marco normativo, se han modificado sin previo aviso generando incertezas, retrasos y, en algunos casos, hasta la imposibilidad de desarrollar los proyectos.
Las señales del gobierno deben ser claras: no es consistente decir que se busca la inversión en proyectos que promuevan la sostenibilidad, y al mismo tiempo no generar las condiciones necesarias para su apropiada evaluación y desarrollo. En esa línea, no parece una decisión adecuada, la no continuidad del programa conjunto de los ministerios de Energía y Medio Ambiente llevado a cabo durante los años 2020 y 2021, que permitió la contratación y capacitación de decenas de evaluadores en el SEA, SAG y Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros servicios públicos, para agilizar los procedimientos de evaluación, y que también permitió acelerar los procesos.
Para avanzar en mayor sustentabilidad se requieren millonarias inversiones: tan solo para alcanzar la carbono neutralidad los montos superan los US$ 48.000 millones, y en proyectos de hidrógeno verde al 2030 se estiman inversiones superiores a los US$ 20.000 millones, inversiones que difícilmente se materializarán si no se avanza en mayor certeza y un verdadero compromiso de los organismos competentes en la materia. Los proyectos mineros, de hidrógeno verde, de generación de energías renovables y de transmisión requieren por parte de las empresas el cumplimiento de los más altos estándares ambientales, trabajo anticipado y profundo con las comunidades donde se emplazan y por parte del Estado certeza, colaboración y compromiso.
Chile tiene la institucionalidad necesaria para poder ser líderes en materia de sostenibilidad, impulsando la minería sostenible, el hidrógeno verde y las energías renovables, pero requiere de un lineamiento efectivo y claro del gobierno para que todos seamos conscientes de la importancia de aquellos y del debido cuidado y respeto por las reglas ambientales, pero también que la necesaria inversión en energías renovables, así como las respectivas líneas de transmisión son una necesidad para enfrentar el cambio climático y cumplir la meta de ser carbono neutrales. Chile requiere de estándares ambientales adecuados, pero es tarea del gobierno otorgar certeza para promover las energías renovables y su transmisión.
Por Francisco López, Ful Consultores y ex subsecretario de Energía, y Javier Naranjo, director de Medio Ambiente JDF abogados y ex ministro de Medio Ambiente